La polémica por la instalación de un tanatorio crematorio en el polígono Urtinsa ha abierto un conflicto institucional de fondo en Alcorcón: la sensación de que el Ayuntamiento tiene un margen de actuación muy reducido frente a las decisiones avaladas por la Comunidad de Madrid. El proyecto, promovido por una empresa privada, ha sido autorizado tras cumplir los requisitos legales y contar con informes favorables autonómicos, pese a su proximidad a zonas residenciales.
El propio Consistorio ha reconocido que el procedimiento es reglado y que, si la actividad cumple la normativa vigente, está obligado a conceder la licencia. Sin embargo, ha decidido reabrir el expediente para revisar todos los detalles y explorar posibles vías de actuación. Una decisión que refleja la presión vecinal y la incomodidad política ante un proyecto que ha generado rechazo social.
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